La ley de desperdicio alimentario fomenta cambios en la cadena
Las empresas de la cadena, desde la cosecha hasta el consumo, deberán contar con un plan de prevención que incorpore medidas para minimizar el desperdicio alimentario. Consulta las claves de la nueva ley en este artículo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma pionera en España que tiene como objetivo reducir el desaprovechamiento de alimentos que se tiran a la basura sin consumir.
Las estimaciones actuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada. Esto significa que alrededor de 821 millones de personas en nuestro planeta pasan hambre.
Si se mantiene esta tendencia, la ONU prevé que el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para 2030. Tales cifras nos alejan cada vez más del segundo objetivo de los ODS, que persigue el hambre cero en menos de diez años.
El desperdicio en cifras
Según datos del Panel de cuantificación del desperdicio alimentario, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1364 millones de kilos de alimentos. Este dato supone una media de 31 kilos por persona, es decir, una pérdida de 250 euros por individuo.
De acuerdo con dicho estudio, más del 80 % del desperdicio de ese año consistió en productos sin utilizar. Las frutas, las hortalizas y los lácteos fueron los alimentos que más se desecharon por deterioro antes de ser usados. En cambio, las recetas más desperdiciadas fueron las de legumbres, los cocidos y sopas o purés.
En este marco, la Universidad de Barcelona, aplicando la escala de la inseguridad alimentaria de las Naciones Unidas, ha concluido que más de seis millones de personas sufren pobreza alimentaria en nuestro país. Además, detalla que un 13,3 % de hogares no tienen una dieta adecuada, en cantidad y calidad, por falta de recursos.
La nueva ley: un modelo de buenas prácticas
En su sesión celebrada el 6 de junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El objetivo del organismo es que el texto definitivo pueda quedar aprobado a finales de este año.
La futura ley establece entre sus metas regular y concienciar a los agentes involucrados para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Para conseguirlo instaura una jerarquía de prioridades y propone una serie de obligaciones a los agentes implicados, como son los de:
- Producción.
- Transformación.
- Distribución de alimentos.
- Hostelería.
- Otras entidades y asociaciones de distribución de alimentos donados y de la Administración pública.
La jerarquía de prioridades: un aspecto esencial de esta ley
Para conseguir sus metas, esta norma pone de relieve la obligación de todos los agentes de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Así, las empresas tendrán que hacer un diagnóstico de sus procesos productivos, identificar dónde se producen las pérdidas de alimentos y fijar medidas para minimizarlos.
Entre estas medidas de prevención se encuentra el requisito de seguir con esta jerarquía de prioridades:
- Donar los alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano.
- Transformar los productos que no se han vendido, pero que siguen siendo aptos para el consumo humano, en otros productos alternativos.
- Usar los alimentos para alimentar a los animales y fabricar piensos.
- Utilizar los alimentos como subproductos en otra industria.
- Reciclar los residuos y obtener compost para su uso en los suelos.
Nuevas obligaciones en la cadena alimentaria
Además de la obligatoriedad de aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades, la norma establece una sucesión de nuevas responsabilidades.
Las empresas de hostelería y restauración tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido, salvo en los formatos de servicio de bufé libre.
Las empresas y las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la distribución de alimentos tendrán la obligación de garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entradas y salidas de los alimentos recibidos y entregados, entre otras.
Y, por último, las Administraciones públicas tendrán el deber de promover y fomentar el consumo responsable, y asesorar y formar tanto a las empresas y entidades involucradas como a las personas consumidoras.
El futuro de nuestro sistema alimentario
Según el Informe de políticas sobre seguridad alimentaria de la ONU (2020), “muchos de los actuales sistemas alimentarios del mundo necesitan una transformación para que sean sostenibles”.
De esta manera, la ley de desperdicio pretende dar respuesta a una necesidad social cada vez más alarmante en pro de las personas, del medioambiente y de nuestro futuro en común.